La profetizada quiebra del sistema público de pensiones

No falla. Cada poco tiempo, aparece en el “espacio público” un profeta, un jeremías que como sus colegas bíblicos nos amenaza con el inevitable y cercano hundimiento del sistema público de pensiones. Esta vez, esta semana, le ha tocado ese papel, o mejor papelón, a un diputado de VOX a las Cortes Generales, a José María Figaredo, retoño de una rancia familia ovetense de amplio abolengo político-judicial-penal, que se ha descolgado con el tradicional discurso acerca de la inminente quiebra del sistema de pensiones público como “justificación” de que su grupo político se opusiera la decreto de actualización de las pensiones.

Hay que decir que, al menos desde un punto de vista de casting teatral, Figaredo "da más que bien" como Jeremías. Otra cosa es el contenido de la "profecía" del profeta Figaredo, que. como no podía ser de otra manera, es un completo sinsentido. Por supuesto que el asunto no pasaría de ser meramente anecdótico si fuese una cosa más a las que nos tiene acostumbrados el pobre -de espíritu- de Figaredo, pues las salidas de  de este diputado son de sobra conocidas. (Por cierto, para cuando una “Ley de Defensa de la Democracia” en la que se exija a senadores y diputados generales y autonómicos el que superen un test de inteligencia elemental para ocupar a su cargo. Nada difícil o complicado, semejante por ejemplo al que se le exige a las personas que quieren formar parte de las Fuerzas Armadas, pues parece injusto que se les pida más capacidad intelectual a quienes van a defender a la Patria que a quien va a decidir las normas que la dirigen).

No, el problema no está en Figaredo y demás, sino en todos esos “expertos” provenientes de las huestes de los economistas “ortodoxos” neoliberales que, trabajando directa o indirectamente para bancos y aseguradoras, es decior siendo la “voz de sus amos” no tienen el menor empacho en profetizar regularmente lo mismo que Figaredo, arropando sus profecías -eso sí- en una abundancia de datos, cifras y ecuaciones para así hacer pasar por “ciencia”, por predicción científica, lo que no es sino una profecía, amañada por lo demás, o sea un ejercicio de propaganda y manipulación.

Y es que no. De salida puede decirse que el sistema público de pensiones español ni tiene un problema de supervivencia económica ni tampoco tiene porqué tener un problema de supervivencia financiera. Y es que a la hora de tratar al sistema de pensiones es imprescindible diferenciar entre problema económico y problema financiero. Una distinción que, pese a su relevancia, suel pasarse por alto.

Se tiene un problema económico cuando no se tienen los suficientes medios o recursos económicos para afrontar “adecuadamente” las necesidades u objetivos que se tengan o persigan. En tal caso, uno se ve forzado o bien a olvidar, a renunciar, a algunos de los fines u objetivos que se tengan, o bien a redefinir (a la baja) el significado de la palabra “adecuadamente”, de modo que el nivel de satisfacción o cumplimiento de los objetivos pueda -ahora sí- adecuarse a la escasez de los medios económicos con que se cuenta.

Se tiene un problema financiero cuando, incluso aún no teniendo ningún problema económico -definido como se ha definido este tipo de problemas en el párrafo precedente- , es decir, cuando incluso aunque se tengan suficientes recursos para satisfacer los objetivos que se tengan, no se pueden usar por carecer de los instrumentos financieros adecuados para tal tarea o por no estar bien diseñados.

No es lo mismo un problema económico que un problema financiero. Eso es algo que cualquier empresario sabe -y padece- a la perfección. ¡Cuántas veces un proyecto empresarial que es perfectamente factible y rentable económicamente, o sea, que no presenta ningún problema económico, no puede sin embargo llevarse a cabo por no poderse sortear el problema financiero de llevarlo adelante, el problema de la liquidez!

Pues bien, en opinión de Figaredo y muchos más, prácticamente todos los economistas ortodoxos y neoliberales hay un claro problema económico en el interior de el sistema público de pensiones que lo corroe y pone en riesgo su viabilidad ya no en un futuro lejano sino inmediato, consecuencia de un subyacente e incuestionable “hecho”  de tipo objetivo, el hecho  biológico, natural, demográfico de que tenemos la suerte o la desgracia de  que cada vez más españoles con derecho a percibir una pensión pública viven más años y perciben esa pensión durante más tiempo. En consecuencia, el sistema público de pensiones está sometido hoy - y lo estará más en el futuro- sometido a un stress o problema económico por carecer de medios o recursos suficientes para afrontar sus necesidades que no son sino las obligaciones contraídas con esa masa creciente de jubilados que cada vez viven más años.

Contra esta “interpretación” por parte de la mayoría hay en mi opinión una idea básica: la de que partir del supuesto de que el problema de nuestro sistema de pensiones es económico-demográfico dista de ser el mejor punto de partida para analizar la cuestión, sino que hacerlo así es, más bien, un error radical pues el problema de nuestro sistema de pensiones no es económico sino financiero.

Veamos. Vayamos por partes. Lo primero es recordar que en cualquier sociedad actual o pasada, la cantidad de recursos o medios que se permite disfrutar o usar a sus miembros inactivos por su edad, e incluso la definición de cuándo socialmente se considera que un individuo es inactivo (es decir, la edad de jubilación o de retiro) no son por lo general problemas económicos -tal y como han sido definidos previamente estos problemas- sino cuestiones políticas. Así, exceptuando sociedades muy primitivas en condiciones de vida muy poco por encima de la mera subsistencia y/o nómadas tal y como pueden encontrarse en algunos registros antropológicos (y estoy pensando, por ejemplo, en la maravillosa Crónica de los indios guayaquíes de antropólogo anarquista Pierre Clastres) en que la sobrevivencia del grupo pasa por el abandono o la muerte/asesinato de sus ancianos; o en los casos novelados en obras literarias o fílmicas (como, por ejemplo, en la película La balada de Narayama de Inamura, o en la de ciencia-ficción futurista Soylent Green de Fleischer), prácticamente toda sociedad humana ha dispuesto del suficiente volumen de recursos, o sea, ha sido lo suficientemente productiva  para sostener “adecuadamente” por término medio a sus miembros inactivos por incapaces: ancianos y niños y jóvenes (no los olvidemos).

Si ha sido así antes, en condiciones de bajo nivel de desarrollo, más lo debería ser  ahora en una sociedad económicamente rica como la nuestra. Dicho lo anterior, debería estar meridianamente claro que España no tiene hoy ni va a tener en el futuro ningún problema económico (salvo si sucediese una catástrofe auténticamente apocalíptica) a la hora de afrontar el sostén de sus inactivos, tal y como se define la inactividad actualmente,  en la medida que el “pastel” económico, el PIB, a repartirse entre activos e inactivos no solamente no va a decrecer sino, todo lo contrario, se prevé que va a crecer conforme se difundan las nuevas revoluciones tecnológicas asociadas a la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología y la biotecnología. No puede aquí sino recordarse que, tal y como se ven ahora mismo las cosas, el problema estaría precisamente en la profecía  contraria a la de una insuficiencia de recursos para sostener el sistema de pensiones cual es la de que el esperado y previsto crecimiento en la productividad asociado a estas revoluciones científico-técnicas puede expulsar del mercado de trabajo, no haciéndolos inactivos pero sí desempleados a gran número de trabajadores, de modo que ello se traduzca en una depresión económica. Dicho de otra manera, el problema económico del sistema de pensiones no estaría en que hubiera una escasez de recursos para los pensionistas por ser el número de estos excesivo, sino en que el "pastel" del PIB no creciese todo lo que pudiese crecer por no haber resuelto el problema keynesiano de la absorción de la productividad que estas revoluciones tecnológicas plantean.

Otra cosa, muy diferente se refiere al sistema o sistemas financieros que las sociedades usan a la hora de decidir o establecer quién tiene derecho a una pensión, cuándo puede ejercer ese derecho y a cuánto asciende. En el caso del sistema público de pensiones español que es fundamentalmente un sistema de reparto es el Estado quien decide quién tiene derecho a una pensión, cuándo y cuánta es su cuantía mediante la definición concreta de circunstancias como la edad de jubilación, las normas que regulan el acceso y la prestación, el establecimiento de la pensión mínima y máxima y otras circunstancias, que, en su conjunto, determinan las condiciones para la estabilidad y equilibrio financiero del sistema. En consecuencia, no hay un número sagrado, un porcentaje concreto o definido de los recursos de una sociedad que ha de ser destinado a pensiones, una cifra de tipo “técnico” o “natural” que sea la adecuada o la correcta. Por ello, distintos países dedican diferentes porcentajes de su PIB a los gastos en pensiones. Dicho de otra manera, es una variable definida políticamente. Incluso esa cifra podría ser cero, Ello pasaría si una sociedad decidiese que la cuestión de los recursos de que se apropian o disfrutan los inactivos fuese una cuestión enteramente privada, familiar o personal. Pero como siempre pasa en los asuntos económicos, no hay peor política que la que insidiosamente se oculta bajo el habitual juego de manos intelectual de hacer pasar por asuntos técnicos lo que son cuestiones políticas.

Pues bien, en un sistema de reparto el mecanismo financiero parta transferir recursos a quienes políticamente se considera titulares del derecho a recibirlos  es extremadamente simple: los trabajadores ocupados en cada periodo contribuyen con una parte de sus salarios a la generación de un fondo del que se nutren las pensiones que reciben los inactivos por vejez en ese mismo periodo. Un sistema de reparto, como el sistema público español. estaría  en equilibrio periodo a periodo si ajustara los ingresos a los gastos, nunca lo estará pues será imposible realizar los ajustes "finos" para que así sucediese, pero merece la pena para enfocar correctamente el asunto de su sostenibilidad el estudiar, siquiera someramente, qué ha de ocurrir para que el sistema estuviese en equilibrio financiero

Como una ecuación vale informativamente más, mucho más, que mil palabras, vayan aquí algunas a la vez sencillas e ilustrativas. El problema económico del sistema público español de pensiones -en opinión de la mayoría del grupo de expertos- surge del hecho de que hay hoy y lo habrá mucho más en el futuro un desequilibrio entre, por un lado, el gasto en pensiones en términos reales (G), que puede definirse en cada periodo (por ejemplo, cada año) como el producto de la pensión media (p) in términos reales por el número de pensionistas (N) más los gastos de gestión del sistema (f):

G = p x N + f

gasto que va a crecer continuamente al menos en el corto y medio plazo por razones demográficas (incremento en el número de pensionistas N) y por el incremento en la pensión media asociado al denominado efecto-composición, consecuencia de que las nuevas cohortes de jubilados tienen derecho a pensiones más elevadas pues sus salarios (y sus cotizaciones) fueron más elevados que los de las cohortes de jubilados previas;

y, por otro lado, están los ingresos del sistema (I): las “rentas” del sistema que proceden de las cotizaciones sociales de los trabajadores, o sea, del producto del tipo de cotización social que financia las pensiones (c) por la masa salarial ( W x L, el producto del salario real medio W por el número de trabajadores empleados y cotizantes al sistema L), y también de los ingresos procedentes de otras fuentes (A) como lo son intereses por los ahorros del sistema, la venta de activos, y demás:

I = (W x L x c) + A

Si, para simplificar el análisis, dejamos de lado tanto A como f. el sistema está en equilibrio financiero cuando:

I = G, o, lo que es lo mismo, cuando G/I = 1

o sea, cuando:

(p x N) / (W x L x c) = 1,

o también cuando:

(p/W) (N/L) = c ; o

(p/W) = c x (L/N)

y está en deficit financiero cuando  I < G, I/G < 1; (p/W) (N/L) <  c; (p/W) < c x (L/N)

Al cociente (p/W), el porcentaje de los salarios que cubre la pensión se conoce como tasa de reposición o de sustitución, que fue en España del 80.4% en 2025, uno de los más elevados de la OCDE. Y el cociente (N/L) es el inverso de lo que se conoce como ratio de cotizantes por pensionista que para el conjunto de España ascendió a 2,44 en 2024, habiendo ascendido de niveles por debajo de 2 en décadas pasadas ( N/L = 1/2,44 = 0,4). Finalmente, si bien no hay una cifra clara que indique qué parte de las cotizaciones sociales va a pagar las pensiones, es de la parte de la cotización por contingencias comunes de las que se nutre el fondo del que pagan las pensiones (aunque también se financian con ellas otras prestaciones como la incapacidad por maternidad y paternidad) que asciende a un 28,3 del salario bruto. Hay, además, otros recargos para algunos colectivos que aumentan ese fondo de pensiones. Con esos datos, y así, a lo bruto, sin meterse en más honduras, puede decirse que hoy por hoy,  el sistema público de pensiones tiene un problema financiero pues la tasa de reposición (80,4%) es mayor que el producto del porcentaje c de la cotización por contingencias comunes por la ratio de cotizantes por pensionista (que es aproximadamente de un 70%). Los gastos en pensiones son mayores que los ingresos y esa diferencia la cubren las transferencias estatales. Hay que tener en cuenta, a la hora de dar cuenta de este hecho de que el sistema público proporciona asistencia en forma de pensiones no contributivas y complementos asistenciales a personas que no han formado parte del sistema, por lo que cabe lógicamente cuestionar que esas pensiones no contributivas puedan ser usadas a la hora de tratar de la viabilidad financiera del sistema. También, y en la misma medida se puede cuestionar el que algunas prestaciones como las pensiones de orfandad y viudedad entren de modo completo en el cómputo de los gastos que debieran estar a  cargo del sistema de reparto.

Ahora bien, la implicación no es la de que el sistema público de pensiones esté en quiebra y haya que sustituirlo, lo cual sería lo adecuado si el problema fuese de tipo económico, sino la de que tal y como está diseñado, el sistema tiene un problema de tipo financiero, lo que exige de su rediseño o ajuste. Y los expertos del sector financiero la plantean de una determinada manera que merece la pena analizarse con cierto detenimiento.

 Su “lógica” es simple. Si G e I fueran iguales y crecieran al mismo ritmo, no habría problema. El sistema estaría en equilibrio financiero siempre. El problema aparece cuando G crece más que I, como sucede en la actualidad debido a razones “naturales”, el envejecimiento de la población, como si la demografía fuese una variable exclusivamente “natural”. Se impone, pues, reformar el sistema. ¿Cómo? Pues de una forma determinada y particular: cambiando el sistema de modo que el crecimiento de los gastos del sistema se frene , y para ello lo que habría que hacer es alterar  p y N  de modo que los gastos en pensiones se ajusten a los ingresos, lo cual quiere decir en las circunstancias actuales que la pensión media en términos reales (p) y el número real de pensionistas (N) tienen que disminuir desde ya.

Dicho de otra manera, la tasa de sustitución ha de caer inexorablemente para mantener el equilibrio financiero debido al crecimiento de la tasa (N/L), la inversa del ratio cotizantes por pensionista. “Arreglar” el sistema pasa pues por (1) reducir N, no -obviamente- cargándose a jubilados sino reduciendo el tiempo medio en que pueden estar jubilados, o sea, aumentando la edad de mínima de jubilación e incentivando la continuación de la vida laboral; y (2) reduciendo la pensión media p .

Aun admitiendo que N/L va a crecer, lo cual es mucho admitir dado que predecir la evolución demográfica a 15, 20 o 50 años es un ejercicio de ficción sobre el que nunca se debería construir una argumentación que pretenda ser realista. (Los mismos que ahora dicen que el sistema de pensiones español entrará en quiebra para el año 2030 decían ya lo mismo a principios de los años 90 y con igual seguridad solo que poniendo la fecha de la quiebra ya habría hoy pasado), resulta aritméticamente obvio que para compensar el crecimiento de N/L también se puede:

(1) hacer que disminuya la tasa de sustitución, p/W , pero no disminuyendo p sino haciendo que crezca W; y

(2) hacer que aumente c, es decir, las cotizaciones sociales.

Es decir, que para afrontar el problema financiero del sistema público de pensiones cabe también acudir al expediente de aumentar los ingresos y no sólo al de reducir los gastos.

Y es que en la argumentación de los expertos procedentes de la “economía ortodoxa” o neoliberal siempre resalta -por su ausencia a la hora de tratar del problema financiero del sistema de reparto- un aspecto, y es que en tanto que el lado de los gastos recibe toda suerte de atenciones y consideraciones buscando su ajuste, el lado de los ingresos está -por decirlo así- dejado de lado. Nada se dice de “arreglar” el lado de los ingresos para afrontar el desequilibrio financiero actual y previsto del sistema, puesto que -repitámoslo- no hay problema económico sino, en todo caso, un problema financiero.

En efecto, si se piensa un momento, parece parcial y muy poco profesional por parte de tan reputados expertos en sistemas de pensiones mirar solamente hacia un lado, el de los gastos, y olvidarse del lado de los ingresos para resolver un problema financiero. No es necesario ser un economista experto en pensiones para entender que el lado de los ingresos ha de ser tenido en consideración para definir adecuadamente el problema y buscarle solución. Adicionalmente, tampoco hay que ser un experto para predecir que un sistema de reparto se hallará en dificultades financieras si los salarios en términos reales decrecen y también lo hacen los niveles de empleo. Una subida de salarios y/o una política económica expansiva que aumente el empleo son políticas que también dan cuenta de los problemas financieros del sistema solo que desde el lado de los ingresos, sin tocar la pensión media y sin alterar la edad de jubilación.

En consecuencia puede decirse que, en vez de afrontar el problema financiero del sistema público de pensiones cambiando solamente el lado de los gastos del sistema, un cambio que va contra los pensionistas y que usa -por cierto- como coartada una suerte de “falacia naturalista” (el hacer pasar las cuestiones económicas que son por definición de índole político, por cuestiones técnicas, “naturales” y por ende extrapolíticas), sería necesario una aproximación o enfoque del problema mucho más matizada y equilibrada que lo enfocase en su integridad, o sea, no sólo como una cuestión de exceso de gastos sino también como una cuestión de insuficiencia o estancamiento de medios. En consecuencia, y en la medida que los problemas financieros del sistema no sean consecuencia de su diseño interno sino de los efectos de medidas de política económica exógenas al sistema, rediseñarlo para acomodarse a ellas no parece la política más idónea ni justa dado que perjudica a quienes no son responsables de esas políticas.

Como punto final, una cuestión siquiera marginal ha de ser tratada. Resulta obvio que si, como consecuencia de una reforma del sistema de pensiones siguiendo las líneas avaladas por los economistas ortodoxos, la gente estima que las pensiones públicas ya no van a ser suficientes para satisfacer sus expectativas, tratarán de suplementarlas acudiendo a los sistemas de pensiones privados. Dicho de otra forma, una política de reforma que baje la pensión media y alargue la vida laboral beneficia directamente a los sistemas privados de pensiones y a sus gestores. No es necesario ser un Sherlock Holmes o un Hercules Poirot económico para encontrar este curioso hecho significativo y quizás hasta explicativo de las parcialidades que adolece las propuestas de reforma de las pensiones defendida por gentes como Figaredo y los expertos del sector financiero.